Memoria en resistencia: diez años del Caso Narvarte

Julio 2025

Diez años. Una década completa sin verdad, sin castigo, sin justicia. El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas brutalmente en un departamento de la colonia Narvarte: Rubén Espinosa, fotoperiodista; Nadia Vera, activista y defensora de derechos humanos; Yesenia Quiroz, maquillista; Mile Virginia Martín, ciudadana colombiana; y Alejandra Negrete, trabajadora del hogar. Cinco vidas distintas unidas por un crimen que sigue impune. Cinco historias interrumpidas por una violencia que el Estado mexicano nunca quiso esclarecer.

Desde entonces, la impunidad no ha sido una condición estática, ha sido un proceso ascendente, que lejos de revertirse, empeora. Una cadena de negligencias, ocultamientos, omisiones y complicidades. Lo que comenzó como una promesa de esclarecimiento se convirtió pronto en un caso ejemplar de cómo el sistema protege más al poder que a las víctimas.

Durante una década, la Fiscalía de la Ciudad de México ha revictimizado a los familiares, desviado líneas de investigación, ignorado evidencia clave y bloqueado los esfuerzos independientes por conocer la verdad. A las víctimas fatales se les intentó deslegitimar desde el inicio: se sembraron prejuicios, se tergiversaron sus vidas, se les culpabilizó implícitamente por su muerte. Y a sus familiares —también víctimas— se les impuso una carga inaceptable: investigar, ofrecer pruebas, resistir el abandono institucional y pelear solos por la verdad y la justicia. No se protegió a las víctimas, sino a las redes criminales en las que estaban inmiscuidos los gobiernos de Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz, y de Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno de la CDMX en ese momento. Se estigmatizó a las víctimas y se alimentaron versiones que buscaban cerrar el caso sin responder la pregunta central ¿quién ordenó el crimen y por qué?

Hoy, a diez años, no hay un solo autor intelectual identificado y tres autores materiales sentenciados. La línea que apunta a móviles políticos —especialmente en los casos de Nadia y Rubén— sigue marginada. El mensaje fue claro desde el principio: aquí se puede matar a activistas, a periodistas, a mujeres, y no pasa nada.

Pero sí pasa. Pasa que las familias siguen buscando. Que los colectivos y la ciudadanía solidaria no olvidan. Que la exigencia sigue viva. Que la memoria no se negocia y sigue exigiendo rendición de cuentas. Por eso, como parte del conglomerado de acciones e iniciativas, estamos como Artículo 19 refrendando nuestro compromiso en la defensa jurídica y la denuncia pública.

Por eso, este 31 de julio, a diez años del crimen de la Narvarte, convocamos a una serie de actos conmemorativos, como un grito colectivo que vuelve a señalar lo que el Estado ha querido enterrar: la impunidad es violencia que se repite cada día.

Nos reunimos para honrar sus nombres, para acompañar a sus familias, para exigir verdad, y para recordarle al país que este crimen no está cerrado. Porque mientras no haya justicia, este caso seguirá abierto en la conciencia pública.

Narvarte no se olvida.